Con la caída de la dictadura trujillista, el sindicalismo dominicano silenciado y prácticamente extinguido por el tirano desde principios de la década de los 30, se levanta, junto a otras fuerzas políticas emergentes, participando activamente en la lucha por las reivindicaciones de un pueblo subyugado durante treinta años de dictadura.

Una vez caída la dictadura, la libertad sindical se hace realidad. Precisamente fueron los choferes de entonces los que se constituyeron en punta de lanza para, desde las calles, luchar junto a los políticos para impulsar el inicio de la democracia que hoy vivimos.

Con la participación sindical, desde la muerte de Trujillo hasta la fecha, la sociedad ha logrado avances significativos en el ajetreo político, pero en lo referente a la organización sindical el avance ha sido mas lento, por problema de divergencias partidarias entre sus dirigentes, cuyos reclamos no siempre se han encaminado en forma ponderada, pacifica y acorde con los intereses del desarrollo del país.

Los gobiernos que se han ido sucediendo desde que se inició el proceso democrático, han intentado propiciar el ordenamiento del transporte mediante la creación de entidades reguladoras y prestadoras del servicio, tales como ONATRATE, OTTT, OMSA y AMET. Algunas de estas decisiones del Estado fueron acompañadas de programas de ayudas directas a los choferes, vía sus dirigencias sindicales, pero todos los intentos terminaron con el mismo resultado: destrucción temprana de la flota, desorden y desorganización del servicio.

Durante el periodo 1996-2000, en el primer gobierno del Dr. Leonel Fernández, se iniciaron acciones específicas para cambiar la imagen de nuestro transporte público. En esa línea de acción fue adquirida a través de la Presidencia de la Republica la primera flotilla vehicular que muy pronto el pueblo bautizó como “Los Pollitos”, por su acentuado color amarillo.

Posteriormente, en el cuatrienio 2000-2004 el estado inicio un proyecto estatal para el mejoramiento del transporte Terrestre con la creación del Fondo Especial de compensación (Decreto 618-00) y la Comisión Nacional de seguimiento del Plan Renove (Decreto 619-00), la intención de estos dos organismos era resolver el problema de la flota de transporte de la ciudad, cuyo avanzado deterioro amenazaba con colapsar el servicio de transporte público. Sin embargo, la falta de controles, criterios técnicos adecuados y una institución responsable, dieron al traste con la consecución de ese objetivo.

Este fallido intento tuvo como actores principales al Secretario de Estado de la Presidencia, el Director General de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), el Director General de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) y del sector privado de los transportistas los señores: Juan Hubieres, Ramón Pérez Figuereo, Rene Moya, Anastasio González, Pedro Regalado, Ramón de la Cruz, Blas Peralta y Antonio Marte.

En fecha 20 de Septiembre del 2001 se emite el Decreto 949-01, para constituir el Consejo Nacional de Transporte del Plan Renove, órgano del Estado Dominicano para la dirección, gestión y administración de todo lo relativo a la meta del gobierno de modificar la flota de transporte.

El primer presidente de este Consejo fue el Dr. Pedro Franco Badia, alto dirigente del PRD, a quien le sucedieron Ramón Emilio Jiménez y Siguió Ng de la Rosa. Los otros miembros de ese Consejo eran: por el sector sindical: Antonio Marte, Juan Hubieres y Blas Peralta en representación de CONATRA, FENATRANO y FENATRADO, respectivamente. Por el sector oficial, además de Franco Badia, Fabio Ruiz como Secretario Ejecutivo, Amadeo Lorenzo, Milciades Amaro, Antonio Reynoso y Gervasio De la Rosa.

Luego, siguiendo la tónica del periodo 1996-2000, el Presidente Hipólito Mejia hace un segundo intento de apoyo al choferismo nacional adquiriendo otra flotilla de vehículos de carga y pasajeros, los cuales serian adjudicados por contrato de venta a los chóferes organizados en las diferentes federaciones de este sector. El traspaso de algunos vehículos no pudo ser soportado por un contrato de venta porque su entrega se hacía por órdenes verbales del Presidente de entonces, pero, la gran mayoría si fueron otorgados con base en un contrato de venta condicional con la garantía de las federaciones intermediarias de sus respectivos afiliados.

La manera desordenada con que se manejo la distribución de esta flota y la inexistencia de controles administrativos, condujo una querella del Contralor General de la República en el periodo 2000-2004, que culminó con la acción de la justicia en un proceso que duró hasta el 6 de marzo de 2008 con sentencias de prisión y multa para los involucrados.